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En una instalación de vapor, el verdadero problema no suele empezar con la sanción. Empieza mucho antes, cuando una obligación técnica o documental se deja para más adelante, cuando una inspección se retrasa, cuando una reparación se resuelve sin el procedimiento correcto o cuando la planta sigue funcionando “porque siempre ha funcionado así”. El riesgo es que, en seguridad industrial, ese tipo de inercias no se consideran simples descuidos sin importancia.
En España, las instalaciones de vapor están dentro del ámbito de la Ley 21/1992, de Industria, y del Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, junto con su ITC-EP-1 de calderas. La Ley de Industria tipifica infracciones leves, graves y muy graves, y prevé multas de hasta 6.000.000 de euros para las graves y de hasta 100.000.000 de euros para las muy graves. Además, en infracciones graves y muy graves la autoridad puede acordar la pérdida de subvenciones y la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas durante hasta dos y cinco años, respectivamente.
Conviene subrayar algo importante: no cualquier incumplimiento se convierte automáticamente en infracción grave. Pero hay determinadas conductas en instalaciones de vapor que, por su relación directa con la seguridad, con la puesta en servicio o con las inspecciones reglamentarias, sí pueden escalar con facilidad a ese nivel. Estas son cinco de las más habituales.
Esta es una de las infracciones más claras y más evitables. Muchas empresas reducen la legalización a un mero trámite administrativo final y, cuando hay prisa por arrancar producción, aparece la tentación de adelantar la puesta en funcionamiento aunque falte documentación, comunicación o inscripción.
La Ley de Industria tipifica como infracción grave la puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización o inscripción registral, o sin la previa presentación de los documentos exigidos cuando alguno de éstos sea preceptivo.
En instalaciones de vapor esto conecta directamente con el Reglamento de equipos a presión, que exige acreditar ante el órgano competente de la comunidad autónoma las condiciones de seguridad para la puesta en servicio de instalaciones con equipos a presión de determinadas categorías.
Dicho de forma simple: una instalación técnicamente terminada no equivale a una instalación legalmente puesta en servicio. Arrancar antes de tiempo puede colocar a la empresa en un terreno sancionador serio desde el primer día.
Este es probablemente uno de los incumplimientos más peligrosos, porque suele producirse por pura inercia operativa. La planta sigue produciendo, la caldera “parece ir bien”, la parada cuesta dinero y la inspección se pospone. El problema es que la ley lo contempla de forma expresa.
La Ley 21/1992 considera infracción grave mantener en funcionamiento instalaciones sin haber superado favorablemente las inspecciones, revisiones o comprobaciones establecidas en la normativa de desarrollo.
Y el Reglamento de equipos a presión no deja margen sobre la existencia de esas inspecciones. La ITC correspondiente establece inspecciones periódicas con agentes y periodicidades máximas, y además añade que deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas sean necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones.
Por eso esta infracción es tan delicada: no solo afecta a una obligación formal, sino al corazón del sistema de seguridad industrial.
No todo mal mantenimiento es automáticamente infracción grave. La propia Ley de Industria distingue entre una conservación inadecuada que no pasa de leve y aquella que puede generar peligro. El salto está precisamente ahí.
La ley tipifica como infracción grave la inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las personas, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.
En una instalación de vapor, esto no es nada teórico. Una sala de calderas con válvulas de seguridad mal atendidas, controles poco fiables, corrosión no seguida, historial técnico incompleto o problemas reiterados de agua y nivel puede entrar perfectamente en esa lógica de riesgo. Además, la ITC-EP-1 obliga a prestar especial atención al tratamiento del agua de alimentación y a los órganos limitadores o reguladores para que mantengan su fiabilidad.
El mensaje de fondo es claro: no basta con que la instalación siga “arrancando”. Si el estado de conservación ya compromete la seguridad, el incumplimiento deja de ser menor.
Otra infracción muy habitual en la práctica industrial aparece cuando se intenta resolver un problema técnico con rapidez y se trata una reparación o una modificación como si fuera solo un trabajo de taller o de montaje. En equipos a presión, eso puede ser un error serio.
El Reglamento de equipos a presión dedica capítulos específicos a inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones, y exige trazabilidad sobre el historial del equipo, las anomalías, las reparaciones y las modificaciones. También prevé documentación y procedimientos específicos para modificaciones importantes y para el control de las condiciones de diseño.
Si una modificación relevante se ejecuta sin el cauce técnico y documental adecuado, el riesgo no es solo técnico: también puede derivar en otras infracciones graves, como la puesta en funcionamiento sin la documentación preceptiva o el incumplimiento negligente de las obligaciones de seguridad industrial con riesgo para personas o bienes. La Ley 21/1992 tipifica además como grave el incumplimiento por negligencia grave de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial cuando exista riesgo, aunque sea de escasa entidad.
En otras palabras: en vapor, reparar mal no siempre sale solo en coste técnico. Puede salir también en expediente sancionador.
Este punto se infravalora mucho. No todas las calderas están en la misma situación, pero la ITC-EP-1 establece expresamente que las calderas de clase segunda, de vapor o de agua sobrecalentada, deben ser conducidas por un operador u operadora industrial de calderas, y detalla las vías válidas para acreditar esa condición ante la Administración cuando lo requiera.
¿Qué ocurre si una instalación obligada a ello se opera sin ese requisito? La Ley de Industria tipifica como grave la realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva, y también el incumplimiento negligente de la normativa industrial cuando genere riesgo.
Aquí conviene ser prudentes: la calificación final dependerá del caso concreto y del expediente. Pero desde un punto de vista preventivo, operar una caldera sometida a exigencia de operador sin cumplir esa condición es una exposición innecesaria y potencialmente grave.
Lo que tienen en común estas cinco conductas es que todas tocan elementos nucleares de la seguridad industrial: puesta en servicio, inspecciones, mantenimiento, modificaciones y competencia de las personas que operan o intervienen sobre la instalación.
La Ley de Industria incluso prevé que las conductas tipificadas como graves puedan pasar a muy graves cuando de ellas resulte un daño muy grave o un peligro muy grave e inminente. Eso explica por qué en vapor no conviene normalizar pequeños atajos: un incumplimiento que parecía “administrativo” puede tener mucha más profundidad cuando afecta a un equipo a presión en funcionamiento.
La mayoría de estas infracciones no se evita con más papeles al final, sino con más orden desde el principio. Tener controlada la documentación de puesta en servicio, no dejar caducar inspecciones, registrar de forma seria anomalías y reparaciones, revisar si la operación exige operador habilitado y no improvisar modificaciones técnicas reduce muchísimo el riesgo.
También ayuda cambiar el enfoque mental. Cumplir en instalaciones de vapor no es una carga externa impuesta por la Administración. Es una forma de mantener la instalación dentro de una lógica segura, trazable y defendible. Y eso protege tanto frente a una avería como frente a una inspección.
Las infracciones en instalaciones de vapor que más fácilmente pueden acarrear sanciones graves suelen concentrarse en cinco áreas: arrancar sin la tramitación exigida, operar sin inspecciones favorables, mantener de forma deficiente hasta generar peligro, modificar o reparar al margen del procedimiento reglamentario y, cuando procede, no contar con operador habilitado. Todas ellas se apoyan en obligaciones claras de la Ley 21/1992 y del Reglamento de equipos a presión.
La enseñanza práctica es bastante simple: en vapor, los atajos suelen salir caros. A veces muy caros.
Cuenta con un buen asesoramiento, contáctanos, nos encontramos aquí.
